La nueva Ley de Contratos del Sector Público española introduce las cláusulas sociales con 'boquita de piñón'

Las compras directas de productos y servicios por parte del sector público europeo supone el 16% del PIB, el 18% en el caso español. ¿Te imaginas que en dichas compras se tuvieran en cuenta criterios socialmente responsables? Eso son las cláusulas sociales. Implicaría un efecto arrastre muy beneficioso para la sociedad. Ahora bien, dejemos de imaginar, pues la esperada nueva Ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor este 1 de mayo se queda a las puertas de 'querer' conseguirlo. Y digo 'querer' a conciencia, pues ya el anteproyecto de ley hacía prácticamente caso omiso a dicha necesidad social. Y eso que en teoría dicha normativa debía seguir la filosofía de la ya 'vieja' Directiva europea 2004/18/CE. El Estado español ha tardado 4 años en transponer dicha directiva a la su legislación, y lo ha hecho 'ad literam' pero sin inspiración. Es decir, no ha seguido la filosofía y dirección que marcaba dicha directiva. Pero en cualquier caso veamos qué opciones les quedan a las administraciones públicas que deseen ser socialmente responsables. Podemos clasificar las cláusulas sociales en cinco tipos:

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